Sevilla Información. El servicio de Consumo de la Junta en Sevilla informó de las actuaciones en telecomunicaciones

Durante los años 2004 y 2005, la Delegación del Gobierno tramitó, en el servicio de Consumo, reiteradas reclamaciones de usuarios de telefonía que denunciaban el cobro de servicios telefónicos, por parte de la compañía UNI-2, no autorizados. Los inspectores de Consumo de la Delegación del Gobierno respondieron a estas reclamaciones analizando la existencia y, en su caso, legitimidad de los contratos de telefonía en virtud de los cuales la compañía había facturado el servicio. Estas actuaciones pusieron en evidencia que en muchos de esos contratos la firma del contratante no coincidía con la de los usuarios presuntamente estafados. Por ello, desde la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla inició actuaciones para dar de baja en el servicio telefónico a los reclamantes y se procediese al reintegro de las cantidades abonadas.

El sector de las telecomunicaciones es uno de los más reclamados, dada la difusión de las nuevas tecnologías, especialmente de internet, que están dando lugar a nuevas y diversas formas de relaciones entre consumidor y empresa. Además, hay que tener en cuenta la relevancia del mercado de la telefonía móvil y la gran cantidad de ofertas de paquetes que incluyen varios servicios como telefonía fija, internet y televisión digital.

Entre enero y junio de 2006, el servicio de Consumo ha recibido un total de 2.931 reclamaciones y denuncias de las cuales un 15% -420- corresponden al sector de telecomunicaciones. Las denuncias y reclamaciones estaban relacionadas con internet -91-, asistencia y garantías de telefonía fija -6-, facturación en telefonía fija -49-, irregularidades en relación con el contrato de telefonía fija - 52-, asistencia técnica y garantías de telefonía móvil - 68-, facturación en telefonía móvil -14-, irregularidades en relación con contrato -18- y otras causas -122-.

Ante el elevado número de reclamaciones, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una campaña de inspección de telefonía que afecta tanto a los principales operadores telefónicos como a los establecimientos de venta, los Servicios de Asistencia Técnica y a la publicidad. Con esta iniciativa la delegación del Gobierno pretende verificar que el consumidor dispone de la información necesaria con anterioridad a la solicitud de los servicios de telecomunicaciones y de los servicios de la sociedad de la información y controlar el contenido de los contratos de telefonía fija, móvil e internet, especialmente las condiciones generales de la contratación y la existencia de cláusulas abusivas. Además, los inspectores comprueban que el contenido de la publicidad se ajusta a las cláusulas de los contratos, que las solicitudes de altas y bajas de los servicios se tramitan correctamente y que la prestación de servicio de venta de teléfonos móviles en el comercio minorista se ajusta a la normativa vigente, en cuanto a publicidad, precios y existencias de productos ofertados.

Hasta el momento se han inspeccionado un total de setenta establecimientos que han llevado a la apertura de expedientes sancionadores a entidades telefónicas como: Auna Telecomunicaciones S.A.U., Telefónica Móviles España, S.A., Retevisión móvil, S.A., Prone Warehouse, S.L. y Amena. Los expedientes están motivados, fundamentalmente por introducir cláusulas abusivas en contratos, publicidad engañosa, no disponer de libro de hojas de reclamaciones, facturar después de haber solicitado el consumidor la baja en el servicio, no responder a las hojas de reclamaciones interpuestas por los consumidores y cobrar precios superiores a los anunciados. La campaña se inició a finales del mes de abril y todavía sigue en marcha.